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Prisión preventiva oficiosa Por: Manuel Jezzini Martínez Asesoría LegalMiércoles, 24 de Febrero de 2021 02:00 a.m.

El pasado 4 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se agregaron múltiples delitos al catálogo de aquellos en donde el juzgador debe decretar prisión preventiva oficiosa.

Dicha reforma fue aprobada por el H. Congreso de la Unión, en la cual se estableció que en los asuntos penales relacionados con los delitos de uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego, el juez de control deberá decretar prisión preventiva oficiosa al imputado; es decir, no podrá decretarse otra medida cautelar diversa que garantice que el imputado comparezca al proceso si no la de prisión.

Ahora bien, el pasado 10 de junio de 2020 la Primera Sala de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 551/2019, en donde se discutió una problemática que diversos Tribunales Colegiados tuvieron con relación a determinar si la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, que incorporó los señalados ilícitos al catálogo respecto de los que procede imponer la medida cautelar, era exigible a partir de que inició su vigencia, al día siguiente de su publicación en el medio oficial, o si estaba condicionada a que el Congreso de la Unión adecuara el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, como lo ordenó el artículo segundo transitorio del decreto.

Ante tal situación, la Primera Sala estableció como criterio que debería permanecer y aplicar todos los juzgadores mexicanos que, en atención a que la regla sobre reformas y adiciones a la Constitución federal, es que comiencen a regir el día de su publicación y, por excepción, en fecha posterior cuando el Constituyente así lo determine en disposiciones transitorias, se concluye que el artículo segundo transitorio del decreto en cita se traduce en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos los delitos en esas materias ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior sostiene la Primera Sala que es dado que las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar.

En ese sentido el criterio sostenido por la Suprema Corte es que la reforma al artículo 19 constitucional no podría aplicarse hasta en tanto se realicen las reformas a las leyes secundarias en las que se establezcan de manera clara qué delitos son los que específicamente van a merecer prisión preventiva oficiosa, lo cual acaba de acontecer como veremos a continuación.

El pasado 18 de febrero del año en curso, con 62 votos a favor, 36 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó la minuta que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se aplique prisión preventiva oficiosa a los delitos considerados graves.

Esta reforma está relacionada con la modificación al artículo 19 de la Constitución Política que amplía el catálogo de delitos graves a los que se les aplicará esta figura jurídica.

Dicha reforma aprobada por la Cámara de Senadores fue publicada por el Presidente de la República el pasado viernes 19 de febrero en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

Es importante señalar que con esta reforma se adicionaron al Código Nacional de Procedimientos Penales los siguientes delitos como aquellos con los que procede imponer medida cautelar de prisión oficiosa:

"... XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260. XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325. XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis. XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo. XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo. XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII...".

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