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La Suprema Corte y los Derechos Humanos Por: Manuel Jezzini Martínez Asesoría LegalMiércoles, 6 de Enero de 2021 00:00 a.m.

Siempre es necesario no perder de vista las grandes sentencias que ha emitido nuestro máximo tribunal constitucional y en este caso toca el turno a la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mes de septiembre de 2013.

Dicho asunto es de gran trascendencia en la vida jurídica nacional, ya que con lo resuelto en la citada contradicción se dio respuesta a dos interrogantes que mantenían en total expectativa a los operadores jurídicos en todo el país, la primera: ¿Si los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales se encuentran por debajo, por encima o en el mismo rango que los contenidos en la Constitución?, y la segunda: ¿Si resulta obligatoria la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Debe decirse que existió muchísima controversia con relación a la contradicción de tesis, tanta fue la discusión que el proyecto original tuvo que ser retirado para volver a ser discutido aproximadamente un año y medio después; en total fueron ocho sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo éstas en fechas 12, 13 y 15 de marzo de 2012, 26, 27 y 29 de agosto y 2 y 3 de septiembre de 2013, en las cuales se vertieron múltiples argumentos, modificándose los puntos de vista de alguno de los ministerios y la propuesta sometida a consideración.

Al final de la discusión se resolvió que, en cuanto al tema de que si los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales están por debajo, por encima o en el mismo rango que los contenidos en la Constitución, se considera que existió por parte de la Corte una resistencia al cambio; es decir, a no permitir que la Constitución cediera ni un milímetro su supremacía, lo cual a la postre, considero, va repercutir de manera negativa en nuestro sistema jurídico.

Lo anterior se sostiene porque al considerarse que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales vinieron a ampliar el catálogo de los ya contenidos en la Constitución, y que ante una restricción contenida en esta, debe de estarse a lo señalado en la propia restricción, es una manera de privilegiar de jure al poder político, dado que el proteger las restricciones establecidas en la Constitución mediante la sentencia que se analiza, da pie a que figuras como el arraigo y la extinción de dominio, a todas luces inconvencionales, sigan prevaleciendo en nuestro sistema jurídico mexicano, pero más grave aún, dicha resolución le otorga un cheque en blanco a políticos, dado que cualquier plan o acción de gobierno notoriamente contrario a derechos humanos se encuentra a una reforma a la Constitución de hacerse válida, sin perder de vista que nuestra Constitución al día de hoy cuenta con un número escandaloso de reformas dada la flexibilidad y facilidad de su proceso reformador.

Por lo que respecta a que si resulta obligatoria la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro máximo tribunal constitucional determinó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los jueces mexicanos, siempre que su contenido sea el más favorable a la persona.

Estableciéndose por la corte que las sentencias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos constituyen una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que en dichas resoluciones se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado.

Resultando de lo anterior y de que el propio artículo primero constitucional acuñó el principio pro persona, el cual obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona, que resultan obligatorias las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los juzgadores siempre que ello favorezca más a las personas.

Para lo cual la corte diseñó una metodología que debe ser empleada por el juzgador mexicano, cuando se encuentre frente a este supuesto (aplicar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) siendo ésta la siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

Como se mencionó en un inicio, siempre es importante tener en cuenta en nuestro día a día las resoluciones paradigmáticas emitidas por la Suprema Corte y esta no es la excepción, por lo cual debemos celebrar la decisión adoptada en la Contradicción de Tesis 293/2011, dado que no debe pasarse por alto que aun y con ese criterio que señala la prevalencia de la restricción constitucional en materia de derechos humanos por sobre el tratado internacional, se hizo un esfuerzo titánico por parte del ponente del proyecto Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea al día de hoy presidente de la SCJN, dado que como él mismo lo ha señalado en su voto aclaratorio y en diversos foros tuvo que "...era necesario hacer un esfuerzo por acercar mi posición a la de mis compañeros ministros, con la intención de llegar a un punto de encuentro que nos condujera a establecer un criterio que consolidara la vigencia de un catálogo constitucional de derechos como parámetro de control de la regularidad de todas las leyes y actos jurídicos, y a la vez brindara certeza a los operadores jurídicos...", en ese sentido se dio un paso importante, sin dejar de reconocer que aún falta por hacer en materia de derechos humanos, lo que nos queda por ahora es esperar el criterio que se pueda adoptar con una nueva integración del Pleno de la Corte o una sentencia en donde la Corte Interamericana condene al Estado Mexicano para que deba modificar su jurisprudencia.

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