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El sorprendente caso de Arturo Zaldívar; conflicto entre ley y realidadPor: Ignacio Gómez-Palacio La HormigaViernes, 30 de Abril de 2021 02:00 a.m.

Una pregunta que demanda pronta contestación: ¿Cómo explicar el silencio de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre aceptar ser reelecto por dos años más (como lo señala un artículo transitorio de la reforma judicial recién aprobada, en exceso a los cuatro que como término máximo establece con claridad el Artículo 97 constitucional), o por el contrario indicar que aceptar sería una violación constitucional? 

El precepto constitucional aludido no deja duda. Señala a la letra: "Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior".

Que Zaldívar haya decidido no influir en la decisión adoptada por el Poder Legislativo y esperar (i) la publicación por el Ejecutivo de la reforma judicial; y (ii) la sentencia de los otros 10 ministros al respecto, ya que éstos habrán de decidir el juicio sobre la constitucionalidad a presentarse por la oposición, es hábil y perfectamente legal. 

No infringe ley alguna, pero tiene razones de peso que se explican en su reciente comunicado, ya que es su deseo dejar para la posterioridad la reforma judicial a la que le ha dedicado un gran esfuerzo y a la que se ha 

referido como ser "... de gran calado y envergadura, la más trascendente desde 1994, la cual permitirá tener un Poder Judicial renovado y fortalecido que cumpla con la promesa de alcanzar una justicia expedita y más cercana a la gente; que exista un mejor defensoría pública, y que las y los juzgadores tengan mecanismos objetivos para su promoción, avanzando hacia la paridad de género". 

La reforma judicial es el bebé de Zaldívar, su niño, su legado de orden y justicia, su contribución al Estado de Derecho y no la quiere arriesgar. De haberse opuesto a su reelección personal por dos años más, antes de la aprobación de dicha reforma judicial por ambas cámaras del Poder Legislativo, es posible que se hubiese detenido su aprobación. Actualmente, ya resulta sospechosa la morosidad que empieza a tener la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo, indispensable para su entrada en vigor, quizás esperando primero conocer la decisión del pleno de la SCJN al juicio de inconstitucionalidad que está por presentar la oposición y la decisión de Zaldívar sobre aceptar o no la prórroga de su mandato como presidente de la SCJN.

Debe subrayarse que la adición del artículo transitorio en cuestión se hizo en la Cámara de Senadores, para sorpresa de quienes presentaron la iniciativa de ley.

Resulta sorprendente el cúmulo, la avalancha de opiniones contrarias a Zaldívar y su silencio, lo que le ha costado una montaña de desprestigio ante la mirada pública. Se le acusa de contubernio con el Ejecutivo que, se afirma, ha pasado a controlar los tres Poderes de la Unión, al romper el principio de la división de poderes, prestándose además a apoyar la práctica convertida en  

antecedente, de extender el término de otros mandatos, léase a futuro, la prórroga nociva que favoreciera al mismísimo presidente de la República en 2024.

Pocos Presidentes de la SCJ han sido tan criticados y recibido tanta prensa negativa como Zaldívar. La mayoría de la gente encuentra farragosas e incomprensibles, sus respuestas y posturas durante la entrevista que le concedió a López Dóriga, y sin embargo destaca su capacidad como jurista; pero los ciudadanos no son juristas y exigen claridad en palabras llanas. Existe un conflicto entre la ley y la realidad. 

Zaldívar se encuentra entre la espada y la pared. Él deberá decidir si continúa en el cargo o renuncia, independientemente de la decisión del pleno de la SCJN. Si no renuncia y decide continuar desempeñando el cargo de presidente de la SCJN, la reforma judicial (su reforma judicial), seguramente entrará en vigor y su prestigio caerá aún más. Pasará a la historia como el "presidente que se quedó seis años a pesar de que la Constitución lo prohíbe". Si actúa como jurista de altura y decide no continuar por considerarlo inconstitucional, es factible que el Ejecutivo evite de una u otra manera que la reforma judicial entre en vigor. Situación doble filo: ¿a qué darle preferencia, a la reforma judicial o al prestigio personal?

Todo cargo público de alto nivel se ocupa por quien, independientemente de su profesión, es político. Zaldívar, primero es un jurista, pero también es político. Por ejemplo, se ha mencionado que ha sido moroso en agendar varios juicios de inconstitucionalidad contra actos de la 4T, que ya debieron de ser resueltos. ¿Los estaría deteniendo en espera de la aprobación de la reforma judicial, sin anticipar que AMLO y su subalterno, "el Abogado del 

Diablo", le habrían de hacer una jugarreta imposible de predecir? En política, Zaldívar está en primaria. AMLO imparte cátedra en el doctorado.

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