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Datos biométricosPor: Manuel Jezzini Martínez Asesoría LegalMiércoles, 2 de Junio de 2021 02:00 a.m.

El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus; un Capítulo II Bis denominado "Sanciones en materia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Décimo Quinto, con los artículos 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter y 307 Quintus, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En concreto el numeral 180 Quáter de la señalada reforma, se obliga a los titulares de las líneas telefónicas celulares a registrar sus datos biométricos de forma obligatoria, so pena de cancelar la línea y no acceder a los beneficios de ésta.

La reforma citada tiene como objetivo combatir los delitos que son generados a través del uso de teléfonos celulares, para lo cual se aprobó también la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUMT).

Esta modificación legislativa obliga a los 122 millones de usuarios de telefonía móvil a registrar sus datos biométricos; es decir, huellas dactilares, escaneo de iris, escaneo de rostro o retina y registro de tono de voz. 

En contra de lo anterior se han estado presentado por parte de los usuarios de los servicios de telefonía, juicio de amparo reclamando la aplicación de los artículos reformados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Debemos tener presente que en la actualidad existen sólo dos órganos jurisdiccionales en todo el país especializados para atender este tipo de controversias, siendo estos los dos juzgados de distrito especializados en competencia económica, radiocomunicación y telecomunicaciones, los cuales tienen sus sedes en la Ciudad de México y están al mando de los jueces Rodrigo de la Peza López Figueroa y el controvertido Juan Pablo Gómez Fierro, por haber sido mencionado en diversas ocasiones en las conferencias matutinas de nuestro presidente Andres Manuel López Obrador.

Es muy importante señalar que mientras el juez Juan Pablo Gómez Fierro ha admitido a trámite estas demandas de amparo y ha concedido suspensiones, tanto provisionales como definitivas, por otro lado, el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa ha establecido que dichas demandas deben desecharse. 

La justificación del juez López Figueroa es que, si bien por la naturaleza imperativa de su texto, la ley reclamada es en principio, o por su esencia, una norma autoaplicativa, esto es que con su sola entrada en vigor genera un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, pues genera a cargo de los concesionarios y autorizados un deber jurídico, consistente en recabar e ingresar la información de los usuarios en el citado PANAUTM, sin que sea necesario un requerimiento por parte de la autoridad reguladora, ni algún acto posterior. De la misma manera, la ley establece un deber jurídico a cargo de los usuarios del servicio de telefonía móvil, de proporcionar sus datos a los concesionarios y autorizados, cuando éstos así lo requieran, en el entendido de que, si no lo hacen, se les cancelará irrevocablemente la línea telefónica. 

Sin embargo establece el citado juzgador que, en este momento la ley tiene una peculiaridad derivada de su régimen transitorio, que conduce a que se deba considerar que durante el mismo, se está ante una norma heteroaplicativa. 

Ello, porque del artículo 180 quintus y el transitorio cuarto de la reforma se establece que la recolección de datos (entre ellos los biométricos) y su registro en el PANAUTM, se encuentra supeditado a que el IFT emita las disposiciones administrativas de carácter general correspondientes, por consiguiente, no se está en condiciones de poder entrar al estudio de la constitucionalidad o no de la reforma en cita.

Al día de hoy existen múltiples recursos judiciales interpuestos tanto por el gobierno federal y por los usuarios de servicios de telefonía, ello en contra de las admisiones de las demandas de amparo y por la concesión de las supensiones (provisionales y definitivas) por parte del juez Gómez Fierro y en contra de los desechamientos de las demandas de amparo a cargo del juez López Figueroa, los cuales quedarán a cargo de los Tribunales Colegiados especializados en dichas materias, resolver sobre si al día de hoy se está en condiciones de poder impugnar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

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