OpenA
icon_facebookicon_twittericon_linkedinicon_instagram
icon_busqueda
Logotipo El Horizonte
Monterrey, NL
Clima
Alimentos Por: Manuel Jezzini Martínez Asesoría LegalMiércoles, 18 de Noviembre de 2020 02:00 a.m.

La institución jurídica de los alimentos tiene como fundamento la solidaridad que se deben las personas que llevan una vida familiar, ya sea formal o de hecho.

En ese sentido es atinado señalar que la cuestión alimenticia excede cualquier legislación civil proyectándose como lo que en realidad es "un derecho humano"; es decir, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional, involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, la institución alimentaria consiste en garantizar a los acreedores la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de vida, lo que les permitirá acceder a un nivel de vida adecuado y digno.

El pasado 4 de noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión remota resolvió por unanimidad de votos la aprobación del proyecto que resolvía la contradicción de tesis 216/2019. Debe señalarse que la formulación del proyecto de sentencia estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.

En dicha sentencia nuestro máximo tribunal constitucional determinó que si el acreedor alimentario tiene un hijo, ya sea mujer o varón, esa circunstancia por sí misma no es un hecho que permita a los juzgadores concluir que dicho acreedor alimentario ha dejado de necesitar alimentos por convertirse en madre o padre, pues para que cese la obligación de dar alimentos se requiere demostrar en un juicio que se han dejado de necesitar alimentos y que ello sea valorado en su contexto por el órgano jurisdiccional.

El criterio de gran relevancia adoptado por la Primera Sala de la SCJN surge a raíz de que dos tribunales colegiados emitieron criterios diversos en relación con la cancelación de la pensión alimenticia con motivo de la procreación de hijos por parte de la persona acreedora alimentaria.

En el proyecto aprobado el pasado 4 de noviembre se concluye que, la obligación de dar y el derecho a recibir alimentos es un derecho humano consagrado por nuestra Constitución, así como por diversos tratados internacionales; asimismo, se sostuvo que dicho derecho humano es de interés público, el cual cuenta con tres principios: el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad y la solidaridad familiar.

En este sentido apuntó la Primera Sala que el interés público de la familia consiste en que ésta funcione como un ámbito inmediato que, a través de la satisfacción de necesidades básicas, permita el libre y sano desarrollo de las personas.

De igual manera, afirma en la resolución que, debido a que el derecho de alimentos responde a la obligación Estatal de garantizar dicho interés público, el principio de necesidad de los alimentos no puede ser desvirtuado únicamente a partir de presunciones; por tanto, para que el deudor alimentario que solicite la cancelación alimenticia con motivo de que su acreedor haya procreado un hijo, es imperioso que pruebe fehacientemente mediante el juicio correspondiente que dicho acreedor ha dejado de necesitar alimentos.

De nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece un criterio de gran relevancia social y que por supuesto va a dar mucha claridad a los jueces al momento de resolver cualquier controversia relacionada con la cancelación de alimentos cuando se demuestre que el acreedor alimentista procreó un hijo, pero sobre todo es un criterio que dota de certeza jurídica a las personas involucradas en dichos procedimientos judiciales.

OpenA