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Acción penal por particularesPor: Manuel Jezzini Martínez Asesoría LegalMiércoles, 9 de Diciembre de 2020 00:00 a.m.

De conformidad con el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales ¿Cuáles son los supuestos en que una víctima de un delito puede ejercer acción penal directamente ante un juez de control, como excepción al ejercicio de la acción penal del Ministerio Público?

La anterior interrogante fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Primera Sala en la contradicción de tesis 308/2018 resuelta el pasado 12 de agosto del año en curso.

Debemos señalar en principio que, la acción penal es justamente el medio a través del cual es posible solicitar a un juez la imposición de una sanción penal.

Como es bien sabido, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es al Ministerio Público a quien le corresponde la investigación y persecución de los delitos. 

La Suprema Corte ha reiterado el hecho de que nuestra Constitución al asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución se aspira a que la persecución penal alcance imparcialidad y objetividad, y a evitar que una multiplicidad de autoridades intervengan en la indagación de hechos presumiblemente ilícitos.

En ese sentido, el Ministerio Público se concibe como representante social en el proceso penal y como el único órgano que puede ejercer esas funciones de investigación y persecución de los delitos.

Sin embargo, no debemos pasar por alto que con la reforma constitucional del 2008 se amplió el régimen de derechos de las víctimas, lo que incluyó no sólo la asistencia que les corresponde para el ejercicio de sus derechos fundamentales, sino también su papel en el proceso penal. A partir de entonces, el artículo 20 constitucional consagra los derechos de las víctimas, entre los cuales se encuentran los de justicia, verdad y reparación del daño.

En el apartado C, fracción II, del artículo 20 constitucional se consagra el derecho de la víctima a coadyuvar con el Ministerio Público mediante la aportación de datos de prueba e interviniendo directamente en el juicio con la posibilidad de interponer los recursos previstos en ley. 

En ese sentido que corresponda al Ministerio Público la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal por regla general, no es un impedimento para que los particulares intervengan en el juicio, conforme a los requisitos que establezcan las leyes, incluida la posibilidad de que ejerzan directamente la acción penal, de hecho la citada reforma incluyó la acción penal privada, tal como se lee en el segundo párrafo del artículo 21 constitucional. 

La Primera Sala en la contradicción de tesis en referencia, en un ejercicio interpretativo concluyó que los supuestos en los que la víctima, como particular, puede ejercer la acción penal son los siguientes: a) Cuando el delito de que se trate –siempre que sea perseguible por querella– prevea una penalidad alternativa, en tanto no contemple la pena privativa de libertad; o b) Cuando tratándose de pena privativa de libertad, la punibilidad máxima no rebase tres años de prisión.

El primero de los supuestos se refiere a los delitos que contemplen como penalidad cualquier sanción de las que establecen los códigos penales sustantivos, como puede ser el trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad, las sanciones pecuniarias, el decomiso de bienes, la suspensión o privación de derechos o la destitución e inhabilitación de cargos, comisiones o empleos públicos. Entre las penas contempladas, no debe incluirse alguna que implique la restricción a la libertad de la persona. Cuando ese último fuera el caso, la punibilidad máxima de la pena de prisión no debe ser mayor a tres años. Es decir, debe estarse al segundo supuesto de procedencia.

En ese sentido, el presente asunto se considera de gran relevancia para la vida jurídica nacional, por que permite que las personas de manera directa puedan acudir en estos supuestos ante un juez penal a fin de solicitar la imposición de una sanción por el delito por el cual fueron víctimas.

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