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Sin avisar, Uber ya carga cobro de 1.5 % a usuarios

Septiembre 19, 2019 / Rosalinda Tovar / MONTERREY Empresas de transporte vía app quitan desde hace meses a sus conductores una ‘tarifa gubernamental’ por cada viaje
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El gobierno del estado anunció el pasado martes que en esta semana emitirá un reglamento para oficializar el cobro de 1.5% por cada viaje realizado por conductores de aplicaciones digitales; sin embargo, desde hace unos dos meses, éste ya se aplica y, lo que es peor, se lo están cobrando al pasajero.

Conductores de la plataforma Uber compartieron capturas de pantalla donde la empresa les notifica que el cobro ya es una realidad, aunque no se aclara si ya se lo envían a la Tesorería del estado.

“El resumen anterior incluye la tarifa gubernamental obligatoria de 1.5% aplicada a todos los viajes realizados a través de todas las aplicaciones”, se lee en el recibo enviado al conductor, el cual realizó un viaje de $27 pesos en el municipio de San Pedro.

En entrevista para El Horizonte, la vocera de un grupo de conductores de Uber, Didi y Bolt, Silvia Guajardo Mora, confirmó que el cobro se estaba realizando desde que se agudizaron los operativos en su contra.

“Viene una leyenda que ya incluye el pago gubernamental del 1.5%, cuando nosotros ponemos el desglose no viene cuánto es por viaje, pero claro que varía dependiendo la tarifa del viaje, si es dinámica puede aumentar, no es lo mismo que cobren el 1.5% de $27 pesos a que te cobren el 1.5% de 300 pesos”, manifestó.

Aunque Guajardo Mora no confirmó el dato, otros conductores indicaron a El Horizonte que dicho cobro se le está cargando al usuario porque a ellos no les aparece en sus deducciones, además que un representante legal de Uber les dijo que así era.

El martes que dio a conocer el cobro, el director de la Agencia Estatal de Transporte (AET), Noé Chávez Montemayor, señaló que la “aportación voluntaria” la sufragarán las empresas y no los pasajeros.

Cuestionado si ya se está aplicando, el funcionario respondió que por lo menos la autoridad estatal no, hasta que queden las reglas de operación.

Es decir, si las plataformas ya lo cargan, entonces no lo están canalizando al estado.

“Aquí en ninguna parte se aplica, hay nueve estados de la República donde está autorizado, en ocho es un impuesto y en uno es una aportación, aquí en Nuevo León nunca hemos cobrado absolutamente nada.

“Ellos lo han propuesto y han estado dispuestos a colaborar y aportar ese dinero para fines de transporte y movilidad”, indicó.

Ganancias millonarias

Una vez que el estado publique el reglamento e inicie el cobro, lo menos que obtendrá al año son más de $197 millones de pesos.

Si se considera una tarifa mínima de $30 pesos por viaje, el 1.5% son ¢0.45 centavos; se estima que al día un conductor de tiempo completo realiza 30 viajes diarios que multiplicados por los ¢0.45 centavos son $13.50 pesos diarios; esta ultima cantidad, por 40,000 conductores da un total de $540,000 pesos diarios, lo que por 365 días daría un total de $197 millones 100,000 pesos.

“Esa aportación, ellos la informarán a través de la tesorería, nada tiene que ver la agencia y será etiquetado para programas de transporte y movilidad, se va a poner en un fideicomiso, estamos analizando si será en el del Sintram, que es el que maneja los semáforos, o se va a crear un fideicomiso exclusivo para proyectos de transporte y movilidad”, dijo sobre el dinero Chávez Montemayor.

El funcionario afirmó que el cobro fue propuesta de la misma empresa como un mecanismo para evitar que el Congreso ponga en la Ley de Movilidad la tarifa de hasta 3 por ciento.

Panistas condenan gravamen inventado

El dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, consideró que el cobro de derechos a las plataformas móviles de transporte, que ya aplica el gobierno estatal, está totalmente fuera de la ley.

Y remarcó que todas las contribuciones, impuestos, derechos y en general cualquier cobro de una autoridad a un ciudadano debe estar fijado en una ley y no en un reglamento.

“El planteamiento que hace el Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, va en contra del principio de legalidad y de reserva de ley, lo que convertiría dicho cobro en un acto ilegal susceptible de ser impugnado en tribunales federales vía amparo”, puntualizó Guerra.

Y agregó que “consideramos un error este planteamiento del estado y debería, en su caso, presentar una iniciativa que contemple este cobro ante el Poder Legislativo para su análisis. Desconocemos que orilla al Ejecutivo a buscar implementar un cobro ilegal, ademas de ser poco claro y transparente cuál será su destino; máxime cuando ya estamos trabajando en una propuesta integral para la Ley de Movilidad y acciones aisladas de terrorismo fiscal, lejos de solucionar la crisis de transporte en Nuevo León, la agrava”.

 

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