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Oootra vez, mete recurso Manuel González para intentar defenderse de cargos por desvío en 'broncofirmas'

Noviembre 25, 2019 / Rosalinda Tovar / MONTERREY El Tribunal de Justicia Administrativa admitió la demanda interpuesta por el secretario de Gobierno de NL, donde pidió la suspensión del procedimiento de sanción para el gobernador y su persona
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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, admitió la demanda interpuesta por el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, en la que pidió la suspensión del procedimiento sancionador en su contra como del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, medida que esta a cargo del Congreso del Estado.

La información la dio a conocer el mismo González, a través de su cuenta de Facebook, en la que detalla la resolución de la Segunda Sala Ordinaria, emitida este lunes.

En el documento se explica la ilegal constitución como órgano administrativo sancionador tanto del Congreso del Estado, así como la Comisión Anticorrupción del mismo, al no advertir una causal de improcedencia, como el ilegal procedimiento administrativo 11841/LXXXIV, en el cual se dictaron reglas especiales y privativas, resaltando además que siendo incompetente para ello, lleva a cabo actos materialmente administrativos, desconociendo la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León", precisa.

De igual forma, se determinó que el recurso promovido por González no afectaría el interés social, no contravendría disposiciones de orden público ni tampoco quedaría sin materia el juicio, lo procedente era conceder dicha suspensión para el efecto de que las autoridades se abstengan de ejecutar cualquier medida provisional o sanción derivada de dicho procedimiento, en el cual se pretende sancionar a ambos servidores públicos.

Además, el funcionario refiere en la misma publicación que esta sería la tercer suspensión admitida, pues ya se tienen dos otorgadas por la Suprema Corte de Justicia, sumándosele esta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, las cuales frenan la posibilidad que el Legislativo ejecute medidas provisionales, sanciones o dictámenes en su contra hasta no se resuelva el asunto de fondo.

Tras esta resolución, el Congreso local deberá responder en un plazo de 30 días hábiles.

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